Quieren hacer desaparecer el puerto de Concepción del Uruguay 01 jul 2008

La ultima noticia lapidaria para nuestro puerto de ultramar fue el traslado de una draga que debería estar trabajando para el funcionamiento del puerto y –sin transparencia alguna– se la derivó al Río Paraná para que allí sí realice dragado. Por ende, la draga pasa a trabajar para aquél desarrollo regional afectando, consecuentemente, a nuestra zona.
Y a pesar del ‘oscurantismo’ con que se manejan estas decisiones, desde el orden nacional, provincial y, lo peor, con anuencia municipal (porque ninguna voz se ha escuchado desde ese ámbito) cualquier ser racional que habite por estas zonas sabe del temor o la especulación que tienen algunos de esos funcionarios a la critica de los ambientalistas sobre la falsa idea que se ha generado –quién sabe desde qué lugar y bajo qué conocimientos– de que dragando al Río Uruguay en esta zona de nuestro puerto se estaría beneficiando a Botnia. Ante esa falsedad se plantean evitar esa tarea y no se dan cuenta que el único resultado es retrasar el desarrollo de un pueblo sin conocerse el beneficio que causaría a otro, porque nadie lo puede demostrar a ciencia cierta
Nada mas ilógico, mentiroso e ineficiente para el desarrollo del interior, que se pregone semejante idea y más aun, desconociendo las obligaciones de un Estado en materia de dragado de los ríos y, en particular, en toda la extensión del Río Uruguay.
Para una modesta ilustración debo aclarar que si hay una determinante para la circulación de buques en este río importante de América es el canal Martín García. Precisamente, y deben saberlo todos, ese canal esta permanentemente dragándose con autorización de Argentina y del Uruguay a una profundidad superior a los 30 pies. Entonces, ¿qué problema tiene Botnia si la principal salida de su producción se la estamos garantizando desde nuestro mismo país?
Lo raro es que esto muy poca gente lo dice, y sabemos que son muchos los que lo saben, y da la sensación que están tomando como marginales a los afectados por esta medida, como en este caso nuestro puerto y su población. Es evidente por ello que a los uruguayenses nos subestiman y en exceso. Es cierto también que quienes tendrían que decir algo por ser oficialistas nada hacen, y con esto me refiero a la Intendencia de esta ciudad y a los responsables de todas las áreas vinculadas al funcionamiento del puerto, que así, al hacerlo inoperable se transforma al puerto en un inútil elefante, porque de nada servirá si no se lo draga y a su zona de acceso. Es decir que, empezando por casa, las cosas no andan bien porque los principales defensores se han borrado.
A propósito, no puedo dejar de recordar cuando en abril de 2004 nos convocó el Presidente de la Nación junto al secretario de Transporte a un acto y posterior uso del atril, para informar hasta con diapositivas, de las inversiones que se realizarían para alcanzar el sueño del dragado del Río Uruguay, por la importancia que el mismo tiene para el Mercosur. Fue una fiesta uruguayense y compartimos hasta fotos con el primer mandatario y nuestro intendente y ahora todo quedó sólo en la memoria y en el olvido, paradójicamente.
La pregunta que cabe es, ¿hasta dónde llega la obsecuencia y el temor que la defensa de la razón y de los intereses de nuestra ciudad quedan, en este caso, en manos de nadie?
Además también estamos obligados a decir que se está incumpliendo aquí, una vez más, con la Ley 21.413 conocida como el Estatuto del Río Uruguay, y en particular la CARU, pues hay dos obligaciones esenciales que establece esta norma respecto a nuestro río de frontera y son: 1) el Dragado y Balizamiento para mantener la navegabilidad, y 2) evitar la contaminación. Esta es una apretada síntesis de todo su articulado y ambas funciones están a cargo de ese organismo internacional que, a propósito, ya nadie sabe qué hace, salvo un poco de ruido inconsistente.
Con respecto al primer punto, el dragado, no sólo no lo cumple sino que además va en contra de la obligación del funcionario público el ser reticente a esta tarea tanto desde el órgano de administración como el organismo o funcionario que haya dado la instrucción correspondiente de transgredir la ley.
Y con respecto al segundo tampoco actúa como corresponde porque desde allí surgió en su momento, es decir desde la CARU y desde Ministerio de Relaciones Exteriores, la acción que impulsó definitivamente la posibilidad de la instalación de pasteras sobre el Río Uruguay. Y por ello es ilógico que ahora, con esta sanción sobre el puerto de Uruguay, se pueda resarcir el descalabro que han armado.
A mí no se me ocurre pensar y si alguien lo dijera creería que no está en su sano juicio, que deba condenarse al único puerto de ultramar sobre el Río Uruguay, como es el de Concepción del Uruguay, y a todas las posibilidades de crecimiento económico, no sólo de una ciudad sino de una región, por una presunción que desde el dragado de este puerto y del canal correspondiente se esté presuntamente beneficiando a Botnia.
Menos aun, si mientras tanto esta empresa multinacional está fabricando pasta celulósica y la está enviando en estos momentos por barcos desde la zona de Gualeguaychú y Fray Bentos, sin ningún problema de navegación y menos cuando llega al Canal Martín García en donde parece que estamos invirtiendo, allí sí, para brindarle todas las comodidades para su transporte.
En verdad, si algún lugar hay para dificultar y afectar a Botnia y evitar tirar una perdigonada a una mosca, es la salida de su producción, porque es su principal objetivo empresario: producir y vender. Y el punto clave es el acceso al canal Martín García y sin embargo nunca nada se ha hecho en ese lugar y menos por parte del gobierno argentino que dice que es ´causa nacional´ la lucha contra las pasteras.
Entonces esto se está pareciendo más a una farsa que a una acción efectiva, responsable, que comprenda a todas las partes y que nos solucione, por ejemplo a los uruguayenses, el daño que nos está causando. Trabajaban en época de actividad normal del puerto, en las décadas del ´80 y del ´90 más de 2.000 personas que hoy no lo hacen. ¿Quién resuelve la falta de producción y de trabajo si se continúa con esta actitud tan parcial y con desconocimientos técnicos? ¿Quién la va a pagar?
Es la misma pregunta que cabe para los gualeguaychuenses. ¿Quién les irá a pagar los costos de la contaminación y las presuntas perdidas económicas que sobrevendrán? ¿Qué funcionario se anotará en pagar las pérdidas y dejar de obtener ganancias? ¿Los miembros de la CARU, García Moritán, Bielsa, Kirchner, jefe de todos ellos e imposible desconocedor de las medidas del año 2004? Pienso que todos deberían contribuir, además de la empresa finlandesa y el Gobierno uruguayo, pero no que las paguemos los uruguayenses, porque nos están ofendiendo tanto los funcionarios elegidos por el pueblo como los elegidos a dedo, con la actitud represiva que tienen hacia nosotros.
Me siento tranquilo con mi actitud permanente de defender la solicitud de nuestro pueblo del sur, Gualeguaychú, de detectar a los responsables tanto argentinos como uruguayos de semejante dislate. Y también con la actitud de no incurrir en incoherencia política, y además realizar esa defensa mientras me tocó desempeñar un cargo publico para representar a nuestra Provincia. Pero hoy, como ciudadano común y habitante de la ciudad que me vio nacer, estoy obligado más con ella que con nadie y por eso la insistencia que tendremos para defender nuestros intereses.
En definitiva, desde nuestro punto de vista, es falso el dilema de dragado sí o no según las pasteras. El río debe dragarse y también se debe -por la vía de La Haya o los ámbitos que correspondan- parar con la contaminación que pueda surgir. Pero es inhumano y carente de sentido político nacional, que haya que perjudicar a Concepción del Uruguay para no beneficiar a nadie hasta que no se demuestre, con pruebas en la mano y dando la cara, que el funcionamiento de un puerto argentino, trabajado por manos argentinas, está perjudicando el porvenir de otra ciudad hermana".
(*) Presidente del Encuentro Amplio Entrerriano. Ex-Diputado Nacional (MC)
Fuente : El Cronista Digital
Febrero 2008